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El pasado jueves 18 de septiembre, el Programa Tarija de Aldeas Infantiles SOS recibió la visita del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Luis Esteban Ortiz, la Juez de la Niñez y Adolescencia Alejandra Ortiz, y la Delegada Departamental del Defensor del Pueblo Cecilia BolÃvar. La visita les permitió conocer de cerca los servicios de fortalecimiento familiar y cuidado alternativo que brinda la organización como respuesta a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de perder el cuidado familiar o que ya lo han perdido.
La visita comenzó con una presentación sobre la labor de la organización y los desafÃos que enfrentan las niñas y niños en riesgo de perder el cuidado familiar. Las autoridades vieron cómo a lo largo de los 56 años en Bolivia y 33 años en Tarija, Aldeas Infantiles SOS ha diversificado sus servicios para adaptarse a las diferentes realidades de las familias, priorizando siempre la salvaguarda y la protección de la niñez.
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Posteriormente, se trasladaron hasta el Distrito 7, donde visitaron a una familia participante del servicio de Familia Ampliada que, tras superar una crisis y fortalecer sus capacidades, se encuentra en camino hacia la autosuficiencia. En un barrio vecino, compartieron con otra familia participante del servicio de Contención Familiar. Allà constataron cómo el empoderamiento y la resiliencia de la familia fueron claves para superar situaciones de pobreza extrema, migración y discapacidad de uno de sus hijos, reafirmando el valor del enfoque preventivo frente al abandono infantil.
En la segunda parte de la visita, las autoridades recorrieron la Aldea Infantil de Tarija, donde conocieron a dos familias SOS. Observaron de cerca la vida cotidiana de las niñas y niños en un entorno familiar y conversaron con las cuidadoras sobre la dinámica de crianza, la importancia del acompañamiento emocional y el compromiso con la salvaguarda infantil.
La jornada concluyó con un espacio en el que las autoridades compartieron sus impresiones y reflexiones. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia destacó:
“El derecho a vivir en familia es un derecho que la sociedad aún no comprende en su dimensión global e institucional. No depende solo del esfuerzo de madres y padres, sino también de las instituciones que deben colaborar para brindar seguridad a las familias y evitar que los niños sean separados de ellas.”
La experiencia de visitar a las familias participantes en sus propios contextos permite a las autoridades ampliar su mirada y reconocer la importancia de generar polÃticas públicas sostenibles que fortalezcan a aquellas familias en riesgo de perder el cuidado de sus hijas e hijos.